Observatorio de denuncias de torturas, abusos, coacciones, casos de corrupción, violaciones, asesinatos y otros crímenes cometidos por el sistema.

jueves, 18 de septiembre de 2014

Escandalosas escuchas entre la alcaldesa de Alicante Sonia Castedo y el constructor Enrique Ortiz vídeo

Siguen apareciendo nuevas y escandalosas escuchas entre la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo y el constructor Enrique Ortiz, incluidas en el llamado caso Ikea. Hablan de enchufar a conocidos, se ríen del exministro Eduardo Zaplana y de sus terrenos. El caso también salpica a un exconcejal socialista, Blas Bernal. La policía cree que Ortiz le regaló un barco por votar a favor.

Jordi Pujol Jr. cuenta al juez Ruz que ha tenido negocios con el marido de Cospedal y Marcelino Oreja ambos del PP

Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat, ha inaugurado sus comparecencias judiciales poniendo el ventilador. Le ha dicho al juez Pablo Ruz que durante su carrera como empresario hizo negocios con muchas personas, entre ellas Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, y con Marcelino Oreja, actual consejero delegado de Enagás.

Ignacio López del Hierro, esposo de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha desmentido "rotundamente haber tenido negocios con Jordi Pujol". Y eso que fuentes presentes en la declaración de Pujol Ferrusola refirió el nombre de Ignacio López del Hierro como prueba de que él había hecho negocios con personas de diferentes ámbitos.

Dos antidisturbios serán juzgados por agredir a prensa durante las Marchas de la Dignidad – Martes 16-sept 11:00 Plaza de Castilla #SomosPrensaNoPresas

¡ACTUALIDAD!

El juicio ha quedado visto para sentencia. El Periódico Diagonal ha publicado esta crónica:
Emisión en streaming desde los juzgados de Plaza de Castilla la rueda de prensa de @suysulucha el martes 16 antes de entrar a declarar via TCJCORA
También puedes seguir la actualidad en Twitter a través de este hashtag:#SomosPrensaNoPresas

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Juicio de faltas contra dos policías nacionales por agredir a prensa visiblemente identificada durante las Marchas de la Dignidad el pasado 22 de marzo 2014

Tendrá lugar el próximo martes 16 Septiembre 2014 a las 11:00hr en los Juzgados de plaza Castilla.

La reportera de LiveStreaming (emisión de vídeo en tiempo real) Susana Sanz llevará a juicio a dos agentes de la Policía Nacional (UIPs) por dos agresiones sufridas el pasado 22 de marzo durante las Marchas de la Dignidad. Susana es conocida por su labor de información a través de coberturas de temática social o política como livestreamer. Su canal de difusión cuenta con 475,023 visualizaciones. (http://bambuser.com/channel/suysulucha)

La expectación generada ante esta movilización no violenta, que consiguió reunir cerca de dos millones de personas en Madrid, bajo el lema “Pan, techo y trabajo”, y el anuncio de un dispositivo policial extraordinario, motivó que se solicitara la presencia de observadores de la OSCE (http://www.osce.org). Por lo que un mayor número de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado portaban chalecos identificativos visibles, circunstancia poco habitual aunque lo obligue la normativa. El portar chalecos visibles, ha hecho posible, junto con las grabaciones de los hechos , la identificación de los presuntos agentes agresores.

”Es una de las pocas veces en las que un juez va a juzgar a dos agentes de la Policía Nacional por este tipo de agresiones a prensa. Estos policías no supieron respetar ni garantizar el derecho fundamental de información, a pesar de ir claramente identificada como prensa. Aún cuando llevar chaleco o carnet de prensa visible no es obligatorio según la legislación vigente española.” comenta Susana Sanz.

La represión, criminalización de la protesta social en los últimos tres años ha aumentado de manera significativa convirtiendo, muchas veces, en objeto de la misma a sus comunicadores. Insultos gratuitos, detenciones arbitrarias, sanciones administrativas y montajes policiales hacia los manifestantes como, por ejemplo, en el caso de @Alfon_Libertad cuyo juicio se celebrará el 18 de septiembre. Empujones, rotura de equipos, e incluso agresiones a comunicadores durante el ejercicio de la labor informativa son denuncias que vienen repitiéndose de manera habitual como recientemente alertaba la Red de Medios Comunitarios y la Federación de Sindicatos de Periodistas. Dichas denuncias ponen de manifiesto, la impunidad con la que operan algunos miembros de las Unidades de Intervención Policiales y agentes de las FFSS.

La Red de Medios Sociales apoya esta denuncia, dirigida a los dos agentes protagonistas de la agresión, pero que sentará en el banquillo, simbólicamente, a aquellos que ordenaron la brutal intervención policial del 22M cuyo objetivo es, a nuestro juico, por una parte, criminalizar la manifestación y los movimientos de protestas en general y por otra, acentuar el rechazo entre policías y ciudadanos movilizados.

El derecho a la información es un derecho fundamental y blindado por la constitución española así como por distintas sentencias del tribunal constitucional y no se limita a un ejercicio profesional del mismo, como se puede leer en este documento: Derecho a la Información en 3 pasos de @LegaISol: http://bit.ly/1sldsNO . A pesar de ello, a nuestro gobierno parece interesarle cercenar toda fuente de información no sometida al control gubernamental o de las grandes cadenas mediáticas. En luga de la defensa del mismo, de la pluralidad informativa o de la calidad y veracidad de las informaciones emitidas, promueve medidas como la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana o el pactar la posibilidad de limitar este derecho a quien ‘compre’ un chaleco blanco de prensa de la FAPE.

Con este texto queremos denunciar estos abusos continuados a los que se enfrentan cada día las ciudadanas que quieren ejercer el derecho de informar, independientemente de que estén acreditadas o no como prensa, y la criminalización a la que están sujetas las personas que acuden a informar sobre manifestaciones, actos de protesta o paralizaciones de desahucios, entre otros.

El juicio de faltas se celebra el próximo martes 16 Septiembre 2014 a las 11,00hrs en Plaza de Castilla. ¡Os esperamos!

#SinMiedo seguimos, #SíSePuede


* Estarán presente apoyando a la compañera colectivo asociaciones y asambleas de barrios del 15M


Si tu colectivo desea adherirse a este comunicado por favor escribidnos atomalosmedios@gmail.com indicando el nombre del colectivo y su página web/blog oficial, ¡gracias!

Adhesiones:



RECORTES DE PRENSA

Lunes 15 de septiembre:

Federación de Sindicatos de Periodistas (FESP): Juzgados por agredir a periodistas
Martes 16 de septiembre:

¿Has visto la noticia de este comunicado publicada en algún otro medio? Cuéntanoslo para que podamos actualizar esta lista, escribiendo a: tomalosmedios@gmail.com ¡Gracias!

Un ex-policía se hace eco público de los manuales de formación y manipulación mental de las fuerzas antidisturbios.

FOTOS: 200 personas retenidas por la policía en las protestas contra del Toro de la Vega

  • Varias personas congregadas en el recorrido que realizará el animal han sido retenidas por la policía en una zona alejada del circuito del acto
  • La fiesta concluye un año más con una nueva víctima animal, tras una larga sucesión de ataques de los lanceros
  • Hay dos detenidos por un incendio en la zona que cercana al río Duero, según fuentes de la Guardia Civil 
Detenciones de activistas en contra del Toro de la Vega por la policía. / Ruth Toledano.
Detenciones de activistas en contra del Toro de la Vega por la policía. / Ruth Toledano.
El Toro de la Vega, el acto que consiste en matar con lanzas a un toro a pie o a caballo en una pradera del municipio de Tordesillas (Valladolid), se ha celebrado un año más, a pesar de las numerosas críticas y cartas que han solicitado su cese, con el beneplácito del Gobierno de Castilla y León. El animal llamado Elegido ha muerto tras una larga cadena de ataques por parte de los lanceros. En el acto celebrado este martes, unas 200 personas –entre las que se encuentra la firmante del artículo– que protestaban en contra del maltrato animal fueron retenidas por la policía en una zona acordonada, fuera del recorrido del toro, para que no evitasen la celebración de la fiesta.

La cifra de detenidos asciende a dos personas, según fuentes de la Guardia Civil, debido a un incendio que se ha producido en la zona donde se mata al morlaco, cercana al río Duero. Los activistas se enfrentan a una sanción administrativa, según fuentes oficiales. 

Algunos de los activistas se habían concentrado en una rotonda que da acceso al puente por el que pasa el animal, pero fueron retenidos por las fuerzas del orden. Otros manifestantes, se habían encadenado a este puente, pero también fueron desalojados por la policía. El acto ha concluido con cuatro heridos por asta de toro y también varias personas con contusiones por el lanzamiento de piedras, "entre manifestantes y espectadores de la fiesta", según fuentes oficiales.

Desde la Subdelegación del Gobierno de Valladolid se informó que la Guardia Civil ha destinado 121 efectivos a Tordesillas para garantizar que el Toro de la Vega transcurra con total normalidad. Esas 121 unidades se distribuyen entre los servicios de Seguridad Ciudadana, del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), del Subsector de Tráfico, una unidad helitransportada y una de Caballos.



Varias personas que protestaban por el maltrato aminal del acto han sido detenidas./ Ruth Toledano.


Los activistas acudieron otro año más para protestar por el maltrato animal del Toro de la Vega./ Ruth Toledano.


Las activistas se han resistido pero, finalmente, han sido desalojadas por la policía. / Ruth Toledano.


Algunas personas se habían congregado en el recorrido para protestar por el acto./ Ruth Todelano.


Los activistas han sido retenidos para que no condicionasen la actividad, que ha finalizado con la muerte del toro./ R. T.

Una activista herida por el impacto de piedras arrojadas por algunos participantes./ Ruth Toledano.

Espanya ens roba: La Guàrdia Civil identifica a los dos agentes que robaron la estelada de Vilobí d’Onyar

La Guardia Civil ya ha aportado a los Mossos y el juzgado de instrucción de Santa Coloma de Farners los datos de los dos agentes que el sábado robaron una de las cuatro esteladas que el Ayuntamiento de Vilobí d'Onyar izó en 2012 al municipio. Los dos agentes fueron grabados por unas cámaras municipales bajando de un coche camuflado del cuerpo policial español y descolgando la bandera, que se llevaron. Un vecino también pudo apuntar la matrícula del vehículo, lo que ha facilitado la identificación. 



Jueves, tanto el ayuntamiento como el vecino denunciaron el robo a los Mossos y al juzgado de Santa Coloma, y ayer la Guardia Civil confirmó que se trataba de un coche de camuflaje utilizado por sus agentes. 

A través de los registros internos, el cuerpo también identificó los agentes que lo usaron sábado, una información que ha aportado a los Mossos y el juzgado. La Guardia Civil dice que también ha abierto una investigación interna para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades disciplinarias. 

En este sentido, judicialmente el caso puede desembocar en una falta de hurto, mientras que en el ámbito disciplinario los agentes podrían ser sancionados por una falta grave, porque estaban de servicio y utilizaban un vehículo oficial.

LEITZA, AHOGADA POR LAS MULTAS DE LA GUARDIA CIVIL

La realidad supera la ficción en Leitza. Muestra de ello es el caso conocido el jueves: la imputación por parte de la Guardia Civil a un vecino de 21 años como presunto autor de un delito de «enaltecimiento del terrorismo» por aparecer en un cortometraje humorístico haciendo una pintada en una pared. Pero más relevante que este detalle, y a tenor de la nota de la Delegación del Gobierno español también más sonrojante para la Guardia Civil, es el final del propio cortometraje, en el que tras una persecución frustrada al joven son los vecinos de Leitza los que pasan al contrataque y expulsan del pueblo a los uniformados.


La desmilitarización es una demanda muy reiterada en esta localidad, dado que los vecinos han pedido en numerosas ocasiones que el instituto armado abandone el pueblo. Una cuestión a la que los gobiernos navarro y español respondieron con la instalación de un cuartel en la casa Maxurrenea, en contra de la opinión vecinal y del Ayuntamiento. «Leiza es Navarra y Navarra es España, y la Guardia Civil seguirá estando en Leiza por mal que les pese a algunos», sentenció el ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, cuando lo visitó hace ahora un año, en setiembre.

La petición popular sostenida tampoco ha gustado a la Guardia Civil pues, según explican a GARA Juan Mari Barriola, concejal del Ayuntamiento, y el exalcalde Oier Eizmendi, en el último año la presencia y actitud de los agentes ha sido especialmente atosigante. Como ejemplo citan los númerosos controles de tráfico que realizan en las inmediaciones del municipio, la presencia en concentraciones e incluso en festejos y sobre todo las más de 50 multas de carácter político impuestas a unos 35 vecinos de la localidad -con un total de 3.000 habitantes- y que totalizan ya más de 52.000 euros.

Una visita polémica

La visita de Fernández Díaz marcó un antes y un después en esta polémica. Barriola y Eizmendi relatan que, aunque antes de dicha visita ya se habían dado algunas multas, la cifra ha aumentado exponencialmente a partir del 9 de setiembre de 2013. En concreto, explican que tres o cuatro días después del viaje de Fernández Díaz llegaron las primeras multas. A partir de esa fecha han sido casi semanales, hasta sumar alrededor de 50 a día de hoy.

El total de personas afectadas son unas 35, ya que hay vecinos y vecinas que han sido multadas en más de una ocasión, como es el caso del propio Eizmendi o de otra joven que con un total de ocho multas deberá pagar alrededor de 7.000 euros. Entre todas, la cantidad a abonar asciende a más de 52.000 euros. Como ejemplo de la escalada de las sanciones cabe destacar que en marzo la cantidad a pagar era de 12.000 euros, con lo que en solo cinco meses ha ascendido en 40.000 euros más.

La mayoría de las multas son de 450 euros -en algunos casos están ascendiendo a 900 euros tras las alegaciones- y se justifican con argumentos como la participación en concentraciones a favor de los presos, en contra de la ilegalización de Herrira, colocación de carteles y pancartas... En el caso de ocho vecinos, las multas son de 3.000 euros por colocar una pancarta de lado a lado en la calle principal.

Como curiosidad, aunque ello no reste gravedad al asunto, remarcan que en el caso de tres de los multados se les acusa de participar en concentraciones en las que no estuvieron. Otro de los hechos que destacan es que en muchas de las sanciones se afirma que la persona multada sujetaba la pancarta, cuestión contraria a la realidad. Añaden que la Guardia Civil afirma en las cartas haber identificado a los denunciados, algo que según afirman no se ha hecho ni una única vez. «En muchas ocasiones añaden la coletilla de que la Guardia Civil los conoce por hechos similares», apostillan.

Una función social «dudosa»

Más allá del efecto económico que el asunto acarrea, Eizmendi y Barriola destacan el mensaje político que trasciende de la presencia y actitud del instituto armado. «Quieren paralizar cualquier movimiento que haya en el pueblo y asustar a la gente», sostienen. Es más, añaden que lo ven como una respuesta a la postura de los vecinos que han manifestado en más de una ocasión que no los quieren en Maxurrenea. «Y mucho menos en el contexto político actual, en el que carece de sentido tener un cuerpo así en el pueblo», recuerdan.

El conflicto dio mucho que hablar hace una década. Recuerdan que legalmente la Guardia Civil no debería tener cabida en Maxurrenea puesto que la persona que cedió en herencia la casa al Gobierno navarro especificaba que lo hacía para fines sociales y culturales. Frente a ello, la presidenta, Yolanda Barcina, cita que la presencia de la Guardia Civil en Leitza «es de interés público».

Cabe recordar que el propio Parlamento navarro solicitó en junio de 2013 -con los votos a favor de Bildu, PSN, Aralar-NaBai, I-E y Geroa Bai- que Maxurrenea se emplee a las funciones sociales y culturales que figuran en la cesión. De hecho, desde el Ayuntamiento se han realizado diferentes propuestas para darle un uso social al edificio, como centro de día para mayores o como euskaltegi. Sin embargo, el Ejecutivo de UPN y el del PP (como antes el del PSOE) han hecho caso omiso a cualquiera de las demandas y han impuesto su voluntad a la del pueblo.

La situación actual se suma al historial convulso de la presencia de la Guardia Civil en Leitza. En 2002, un agente llamado Juan Carlos Beiro y destinado en la localidad murió en un atentado de ETA. Guardias civiles han protagonizado escándalos puntuales en establecimientos hosteleros, en estado de embriaguez. Y en 2009 uno de ellos fingió ser objeto de un atentado en el cuartel.

450 euros

La mayoría de las multas son de 450 euros, aunque en algunos casos se están viendo incrementadas a 900. Hay quien ha sido multado por participar en protestas en que ni siquiera estaba.

50 multas en un año

En total, son unas 50 las multas recibidas desde setiembre de 2013, si bien el número de personas multadas es de unas 35 ya que hay gente que ha sido sancionada más de una vez.

3.000 euros

Las multas más elevadas son de 3.000 euros para ocho personas que han sido sancionadas por colocar pancartas de lado a lado en la calle principal del municipio en jornadas festivas.


Cronología

Octubre de 2002

Finalizado el contrato de la casa Atekabeltz, el Gobierno de Nafarroa decide entregar Maxurrenea -cedida por su propietaria al Ejecutivo foral para fines sociales- a la Guardia Civil para que la ocupe por un periodo de diez años.

27 de junio de 2013

El Parlamento navarro -con los votos de Bildu, PSN, Aralar-NaBai, I-E y Geroa Bai- aprueba una resolución por la que pide que Maxurrenea se emplee para los usos sociales que se especifican en la cesión por herencia.

9 de setiembre de 2013

El ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz viaja a Leitza y proclama que la Guardia Civil ocupará Maxurrenea durante diez años más. A partir de esta fecha y hasta el día de hoy se ha producido la avalancha de multas por más de 52.000 euros por concentraciones, carteles, pancartas...

Agosto 2014

Como último episodio hasta la fecha, un joven de Leitza es llamado a declarar por la Guardia Civil por un presunto delito de «apología del terrorismo» únicamente por aparecer en un cortometraje humorístico haciendo una pintada.

La Guardia Civil realiza una "operación de castigo" en Altsasu en la antesala de las fiestas

Numerosas patrullas de la Guardia Civil han ocupado el centro de Altsasu y han entrado en varios bares del pueblo para registrar e identificar a su clientela. Portaban material antidisturbios y perros, aunque han indicado que se trataba de una "inspeccion civil rutinaria". Los hechos se producen dos semanas después del Ospa Eguna.


Varias furgonetas y patrols de la Guardia Civil, decenas de agentes pertrechados con material antidisturbios, perros policías, registros en bares del centro de Altsasu, identificaciones de sus clientelas y de vecinos que presenciaban los hechos... una "inspeccion civil rutinaria", en palabras de la propia Guardia Civil.

Esto es lo que ha ocurrido hacia las 17:00 en Altsasu, desde donde Hitzondo, a traves de su cuenta de Twitter, informaba de que se estaba produciendo un fuerte despliegue de la Guardia Civil que ocupaba el centro de esta localidad de Sakana.

Durante casi una hora, los guardias civiles han entrado en bares, identificado y cacheado a sus clientes, y han permanecido apostados en la plaza y en las calles adyacentes a ella con material antidisturbios. Luego han identificado a quienes presenciaban estos hechos. Este despliegue se produce horas antes del inicio de las fiestas (de hecho se estaban montando las txoznas), y dos semanas después de la celebración del Ospa Eguna, por lo que más de uno en las redes sociales no ha tardado en relacionar ambos hechos.

Un informe basado en el Protocolo de Estambul da veracidad a los 45 casos de tortura analizados

En concreto, de los 45 casos analizados, todos ellos vascos, los expertos han considerado que el 53% tiene un grado de credibilidad de «máxima consistencia», mientras que el 31,1% es «muy consistente» y el 15,6% «consistente». Esta investigación cuenta además con el apoyo de Juan E. Méndez, relator especial de la ONU sobre la tortura, y Ben Emmerson, relator especial de la ONU sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo. Ambos han remitido una nota en la que calificaban el informe de «paso hacia la transparencia y la rendición de cuentas», al tiempo que instaban a Madrid a «tomar en cuenta» las conclusiones y recomendaciones expuestas.

La comparecencia para presentar el informe se ha desarrollado en Madrid. (@albertopradilla)
El reconocimiento de los hechos es la principal demanda de cara a las instituciones. Especialmente, teniendo en cuenta el ambiente de negación y acusaciones de mentira con las que el Estado responde a las denuncias de tortura. No obstante, según ha indicado Pau Pérez, siquiatra del Hospital La Paz de Madrid, esta documentación es válida legalmente y podría usarse por las víctimas en caso de que quisiesen intentar reabrir una causa judicial por torturas. El Protocolo de Estambul no ha sido utilizado frecuentemente en procesos en el Estado, aunque ya existen precedentes. Por ejemlo, el juicio contra 40 jóvenes vascos, que finalmente fueron absueltos en un auto que reconocía la posible existencia de malos tratos, apoyándose en este mecanismo pericial.

Otras de las medidas propuestas por los expertos son la actitud institucional «decidida» para luchar contra la tortura, la atención sicosocial, las medidas de rehabilitación y apoyo, garantías de no repetición, implementación de procedimientos administrativos legales que prevengan la tortura y la construcción de nuevos espacios sociales inclusivos que permitan hablar de lo ocurrido en Euskal Herria.

Entre los aspectos analizados por los especialistas están el tipo de maltrato padecido, las consecuencias físicas y las sicológicas. Para ello han aplicado el protocolo a 45 personas detenidas entre enero de 1982 y diciembre de 2010. Un tercio de ellos fue arrestado por la Policía española, otro por la Guardia Civil y, el último, por la Ertzaintza. No obstante, según ha indicado Andrés Krakenberger, no se trata de un muestreo que permita «extrapolar» datos, pero sí certificar la veracidad de las denuncias, lo que permite demostrar que los malos tratos siguen produciéndose en las comisarías del Estado español. «No es un muestreo. La búsqueda de la verdad es lo único que nos mueve», ha remarcado Pérez. En su opinión, este trabajo sirve para denunciar que «existen casos de tortura y malos tratos y que son documentables». Una vez acreditados y «fuera del debate político», el siquiatra ha considerado que «toca poner encima de la mesa» la problemática.

Al margen de las consecuencias físicas y sicológicas, el estudio también aborda la reparación de las víctimas. Una cuestión que «todavía está por hacer», según ha señalado Olatz Barrentexea, que ha destacado que «ni son casos aislados ni son casos del pasado», recordando que el régimen de incomunicación, que todavía se aplica, ha sido el gran aliado para la «impunidad» en las comisarías españolas.

Tras la presentación, el objetivo de los promotores es poder discutir el informe con las distintas administraciones, aunque todavía no hay un calendario fijado.