Observatorio de denuncias de torturas, abusos, coacciones, casos de corrupción, violaciones, asesinatos y otros crímenes cometidos por el sistema.

miércoles, 12 de junio de 2013

Caso El Nani: condena a unos policias, por su tortura, muerte y desaparición


Santiago Corella Ruiz, alias El Nani, delincuente español cuya historia fue llevada al cine por las circunstancias de su desaparición. Nació en Auñón en la provincia deGuadalajara, España, el 12 de enero de 1954.


Hijo de Santos y Consuelo, era un delincuente conocido en la Brigada Regional de la Policía Judicial de Madrid. Con anterioridad a su desaparición había sido detenido en tres ocasiones (una de ellas, el 12 de noviembre de1981), por su relación con un atraco a una joyería de León. El botín de aquel atraco, unos 40 kilos de oro, no se llegó a encontrar. Después de volver de prisión fue vuelto a detener por su relación con un atraco a una joyería

.Biografía

Santiago Corella estaba casado con Soledad Montero, a la que maltrataba y con la que había iniciado un proceso de separación.

Después de la detención, se produce la desaparición y siete meses después, el hecho sale en la prensa. El 14 de mayo de 1984 el periodista Gregorio Roldán saca a la luz en Diario 16 lo que, según él, tan difícil era denunciar en una sociedad heredera del régimen franquista, donde las fuerzas policiales seguían siendo prácticamente las mismas de la dictadura. El Nani es el primer desaparecido de la democracia.1


Sentencias

En Septiembre de 1988 la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid condenó al comisario Francisco Javier Fernández Álvarez a un total de 29 años, siete meses y un día de cárcel, al inspector Victoriano Gutiérrez Lobo a un total de 29 años, dos meses y un día y al inspector Francisco Aguilar González a un total de 29 años, cinco meses y un día. El tribunal absolvió de todas las acusaciones a los otros cuatro policíasprocesados en la causa. Los tres policías fueron condenados como autores criminalmente responsables de un delito continuado de falsedad documental y de un delito de detención ilegal con "desaparición forzada", tipo recogido en el artículo 483 del Código Penal entonces vigente.2 3 4 Además, dichos policías fueron también condenados a otras penas menores por torturas y privación de derechos cívicos a Ángel Manzano (compañero de atracos de Santiago Corella) y Soledad Montero (esposa de Santiago Corella), por detención ilegal de tres de las hermanas de Santiago Corella y por un delito de quebranto domiciliario.5


El citado artículo 483 del anterior Código Penal Español no ha estado exento de polémica y muchos tratadistas de Derecho Penal pensaban que era anticonstitucional por vulnerar la presunción de inocencia.6 7 8 Incluso uno de los abogados defensores adujo un texto de 1980 en el que, según él, el propio presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Enrique Ruiz Vadillo, criticaba la configuración del tipo delictivo.9 Precisamente Enrique Ruiz Vadillo fue el ponente de la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó las condenas en 1990.

Después de conocer la sentencia, Jaime Sanz de Bremond, abogado de la acusación particular, destacó que “la sentencia demuestra hasta qué punto se han equivocado los condenados al no querer admitir los hechos, ya que si hubiesen admitido que Santiago Corella falleció como consecuencia de las torturas, la sentencia, quizás, no hubiese sido tan dura”.10 Esto es cierto: entonces la pena por homicidio simple era de reclusión menor (de 12 años y un día a 20 años) mientras que la pena aplicada y señalada en el citado artículo 483 del Código Penal entonces vigente era de reclusión mayor (de 20 años y un día a 30 años), mucho más dura.

La sentencia produjo malestar entre los policías por estimar que se había vulnerado la presunción de inocencia.11 12 13 Miguel Martín Pedraz, dirigente del Sindicato Profesional de Policía, manifestó que la sentencia sobre la desaparición del Nani era "la gota que colma el vaso", ya que los funcionarios que prestaban servicio en grupos de lucha directa contra la delincuencia y el terrorismo se sentían "maltratados".14 El Sindicato Unificado de Policía hizo público un comunicado en el que considera "excesivas" las condenas contenidas en la citada sentencia y recuerda que, en otros casos, con personas encausadas por delitos de asesinato las condenas han sido "bastante inferiores".15 16


El 25 de junio de 1990 el Tribunal Supremo pronunció una sentencia (de la que fue ponente precisamente Enrique Ruiz Vadillo, antes citado) que confirmó las condenas.17 18 19


El 17 de julio de 1990 se presentó, en debida forma, en el Registro del Tribunal Constitucional demanda de amparo a nombre de don Francisco Javier Fernández Alvarez (uno de los policías condenados) contra las Sentencias dictadas por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid y por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Se decidió la inadmisión de dicho recurso de amparo.20 En otras dos resoluciones, el Tribunal Constitucional acordó, igualmente, no admitir a trámite los recuros de amparo interpuestos también a nombre de los otros dos policías condenados.21 Todo ello a pesar de que anteriormente la mayoría de los penalistashabía considerado anticonstitucional el citado artículo 483 del anterior Código Penal.22 Además, el citado artículo, como reconoce la sentencia del Tribunal Supremo, ha sido criticado por buena parte de los tratadistas como un "delito de sospecha", es decir, que su aplicación se centraría en la "sospecha" de la muerte del detenido que ha desaparecido.23 Sin embargo, a raíz del caso “El Nani” una parte significativa de la doctrina española pasó a declarase partidaria de la constitucionalidad del citado precepto.24 25 26

Filmografía[editar]

En 1988 se realizó una película dirigida por Roberto Bodegas titulada Matar al Nani.
Bibliografía relacionada[editar]
Aroca, Santiago. Canta, Nani ¿donde está el oro? (primera edición). Barcelona: Ediciones B, S.A.. pp. 208. ISBN 84-7735-131-7.
Nieto Solís, Miguel Ángel. Cazadores de noticias, así se descubrieron los grandes escándalos de la democracia (primera edición). Madrid: Ediciones Temas de Hoy, S.A.. pp. 296. ISBN 84-7880-744-6.

Vitoria, 3 de marzo de 1976: cinco manifestantes muertos y varios centenares de heridos el 9 de marzo durante una carga antidisturbios.

Los sucesos de Vitoria tuvieron lugar el 3 de marzo de 1976 en la localidad española de Vitoria, capital de Álava (País Vasco), pocos meses después de la muerte del dictador Francisco Franco y en plena Transición Española. Durante una jornada de huelga, la Policía Armada lanzó gases lacrimógenos para desalojar a los trabajadores que estaban reunidos en asamblea en la iglesia de San Francisco de Asís, situada en el barrio obrero de Zaramaga, y disparó contra los que salían de la iglesia. La actuación policial se saldó con cinco personas muertas y más de 150 heridos de bala.

Historia [editar]


Manuel Fraga Iribarne, en una imagen de 2007. Era el ministro responsable de la fuerzas del orden durante lossucesos de Vitoria de 1976. Fraga se encontraba en Alemania cuando tuvo lugar la masacre y le sustituía en sus funciones el Ministro Secretario General del Movimiento Adolfo Suárez González.


Durante el mes de enero de 1976, unos seis mil trabajadores iniciaban una huelga en contra del decreto de topes salariales y en defensa de mejores condiciones de trabajo. Dos meses después convocaban por tercera vez una huelga general que fue masivamente seguida el día 3 de marzo. Ese mismo día la policía armada entró en la iglesia de San Francisco de Asís en Vitoria, en la que estaba previsto realizar una asamblea de trabajadores y, haciendo caso omiso de la decisión del párroco y del contenido del concordato, conminó al desalojo. Apenas unos segundos después disparaban gases lacrimógenos en un recinto cerrado y abarrotado de gente creando indignación y sobre todo pánico. Los que salieron por delante medio asfixiados y con pañuelos en la boca fueron apaleados por los flancos y a los del frente les dispararon.

La policía resolvió la situación que habían creado a tiro limpio, resultando muertos Pedro María Martínez Ocio, trabajador de Forjas Alavesas, de 27 años, Francisco Aznar Clemente, operario de panaderías y estudiante, de 17 años, Romualdo Barroso Chaparro, de Agrator, de 19 años, José Castillo, de Basa, una sociedad del Grupo Arregui, de 32 años. Dos meses después moriría Bienvenido Pereda, trabajador de Grupos Diferenciales, con 30 años. Dos obreros muertos en el lugar de los hechos, cuatro heridos muy graves de los cuales tres morirían, y varios heridos más, algunos con herida de bala.

Aquel jueves el Secretario General del SPD de Alemania cancelaba la entrevista con Fraga que participaba en una campaña diplomática para vender internacionalmente una reforma avalada por la monarquía. El sábado, Manuel Fraga Iribarne, entonces Ministro de la Gobernación, junto con Rodolfo Martín Villa, Ministro de Relaciones Sindicales, y el General Campano, director de la Guardia Civil, intentaban, visitando a los heridos, reducir el impacto de su decisión.

Todavía prohibidos los derechos de reunión, manifestación y de huelga, los sindicatos, ilegales también, convocan huelgas en toda España. Tuvieron especial importancia en el cinturón industrial madrileño y en Vitoria. La respuesta del gobierno fue la habitual represión policial, que en Vitoria produjo cinco manifestantes muertos y varios centenares de heridos el 9 de marzo durante una carga antidisturbios. Los altercados se multiplicaron y las huelgas generales de protesta se sucedieron durante varios meses.

Consecuencias [editar]

Estos incidentes aceleraron la acción de la oposición democrática, y su unidad de acción. La Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia se fusionan en la Coordinación Democrática o Platajunta el 26 de marzo. Esta nueva junta ejerce mayor presión política sobre el gobierno, exigiendo amnistía, libertad sindical, democracia y rechaza las leyes reformistas.

En 2008, una comisión del Parlamento Vasco consideró responsables políticos de los sucesos a los "titulares de los ministerios actuantes en este conflicto": Manuel Fraga Iribarne, ministro de Gobernación (en Alemania durante los sucesos, correspondiéndole ser "ministro de jornada", encargado de cubrir ausencias de otros y de asumir responsabilidades a Adolfo Suárez), Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales, y Alfonso Osorio, ministro de Presidencia.1

Reparación y reconocimiento de las víctimas [editar]

Monumento a las víctimas del 3 de marzo de 1976, en la calle Bernal Díaz de Luco, frente a la parroquia de San Francisco de Asís.


el mismo modo la banda de punk Hachazo hace referencia a este suceso en uno de sus temas.


Tras la investidura a la presidencia del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el grupo del Partido Nacionalista Vasco formuló el 19 de mayo de 2004 una pregunta al Senado en la que se interesaba por el esclarecimiento de los hechos de Vitoria.2 El 16 de junio de 2011, Partido Nacionalista Vasco, Aralar, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua presentaron una propuesta en el Parlamento Vasco para incluir a las víctimas de los sucesos de Vitoria en la Ley de reconocimiento de las víctimas del terrorismo, que tramitaba el Congreso de los Diputados. Aunque apoyaron la necesidad de reparación, Partido Socialista de Euskadi, Partido Popular y UPyD rechazaron considerarles "víctimas del terrorismo". El PSE consideró que estos hechos debían ser incluidos en la ponencia sobre víctimas de motivación política que comenzaría poco después en el Parlamento Vasco.3


Por primera vez, el 3 de marzo de 2012, el Gobierno Vasco homenajeó a las víctimas de la violencia policial de 1976. La portavoz de Gobierno Vasco y consejera de Justicia, Idoia Mendiaparticipó en una ofrenda floral acompañada de los secretarios generales de UGT y CC.OO. (sindicatos a los que pertenecían los muertos).4
Texto de la grabación policial [editar]

Esta es la transcripción de las conversaciones entre las patrullas responsables de la carga en la iglesia, según las grabaciones existentes de la Banda de Radio de la Policía:

«V-1 a Charlie. Cerca de la iglesia de San Francisco es donde más grupos se ven. ­Bien, enterados».

«Charlie a J-1. Al parecer en la iglesia de San Francisco es donde más gente hay. ¿Qué hacemos? ­Si hay gente ¡a por ellos! ­¡Vamos a por ellos!»

«­J-1 a Charlie. Charlie, a ver si necesitas ahí a J-2. ­Envíalo para aquí para que cubra la espalda de la iglesia.»

«­J-3 a J-1 Estamos en la iglesia. ¿Entramos o qué hacemos? Cambio».

«...­Entonces lo que te interesa es que los cojan por detrás. ­Exacto».

Entrada a la parroquia de San Francisco de Asís.

«­J-1 a J-2 Haga lo que le había dicho (acudir en ayuda de Charlie a Zaramaga). ­Si me marcho de aquí, se me van a escapar de la iglesia. ­Charlie a J-1. Oye, no interesa que se vayan de ahí, porque se nos escapan de la iglesia. ­...Mándennos refuerzos, sino, no hacemos nada; sino, nos marchamos de aquí sino, vamos a tener que emplear las armas de fuego. ­Vamos a ver, ya envío para allí un Charlie. Entonces el Charlie que está, J-2 y J-3, desalojen la iglesia como sea. Cambio. ­No podemos desalojar, porque entonces, entonces ¡Está repleta de tíos! Repleta de tíos. Entonces por las afueras tenemos Rodeados de personal ¡Vamos a tener que emplear las armas! Cambio. ­Gasead la iglesia. Cambio. ­Interesa que vengan los Charlies, porque estamos rodeados de gente y al salir de la iglesia aquí va a ser un pataleo. Vamos a utilizar las armas seguro, además ¿eh?. ­Charlie a J-1. ¿Ha llegado ya la orden de desalojo a la iglesia? ­Si, si la tiene J-3 y ya han procedido a desalojar porque tú no estabas allí. ­Muy bien, enterado. Y lástima que no estaba yo allí».

«Intento comunicar, pero nadie contesta. Deben estar en la iglesia peleándose como leones. ­¡J-3 para J-1! ¡J-3 para J-1! Manden fuerza para aquí. Ya hemos disparado más de dos mil tiros. ­¿Cómo está por ahí el asunto? ­Te puedes figurar, después de tirar más de mil tiros y romper la iglesia de San Francisco. Te puedes imaginar cómo está la calle y cómo está todo. ­¡Muchas gracias, eh! ¡Buen servicio! ­Dile a Salinas, que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. ­Aquí ha habido una masacre. Cambio. ­De acuerdo, de acuerdo. ­Pero de verdad una masacre».
Homenajes [editar]

El cantautor catalán Lluís Llach escribió al día siguiente la canción Campanades a morts en homenaje a las víctimas. Canción que volvería a interpretar para conmemorar el 30 aniversario, en un emotivo concierto en el pabellón Fernando Buesa Arena de Vitoria. El grupo vasco de ska Betagarri dedicó una canción a

Caso Scala: montaje policial a varios anarquistas de la CNT y un acto de terrorismo de estado




El Caso Scala fue el proceso judicial desatado a raíz de un incendio provocado en la sala de fiestas Scala de Barcelona el 15 de enero de 1978 que resultó con la muerte de cuatro personas y en el que se intentó inculpar a las organizaciones anarquistas CNT y FAI.1

Durante la mañana de aquel domingo 15 de enero de 1978 se celebró en Barcelona una manifestación autorizada convocada por la CNT a la que asistieron unas 15.000 personas. Los cenetistas se oponían a los Pactos de la Moncloa al considerarlos un pacto social entre las fuerzas políticas y los sindicatos más representativos, que perjudicaban a la clase obrera. Acabada la manifestación, hacia las 13:15 horas del mediodía, un grupo de jóvenes lanzaron diversos cócteles molotov contra la fachada de piedra de la sala de fiestas Scala Barcelona. Según la policía este acto provocaría el incendio y posterior derrumbamiento de todo el edificio, causando la muerte de cuatro trabajadores –Ramón Egea, Juan López, Diego Montoro y Bernabé Bravo-, paradójicamente afiliados a la CNT, que se encontraban en el local en aquellos momentos.

Los hechos

Los medios especularon sobre la autoría del ataque, achacándolo unos a asesinos comunes, otros a asuntos relacionados con la sala de fiestas e incluso se establecieron relaciones con una campaña a favor de la libertad de expresión en apoyo de Albert Boadella. Finalmente el martes 17, un comunicado de la Policía informó de la detención de los autores del atentado, quienes fueron relacionados con el sindicato anarquista CNT.
Un comando de la FAI (Federación Anarquista Ibérica), integrado por tres sujetos en cuyo poder se ha hallado asimismo documentación que les acredita como afiliados a la central sindical CNT ha sido autor, según la Jefatura de Policia de Barcelona, del atentado contra el restaurante-espectáculo Scala. (Agencia Pyresa)
El periódico de la CNT francesa de la época (las páginas en francés del "Espoir"), publicó en Toulouse la implicación de colaboradores de la policía como autores, infiltrados en la CNT justo antes del hecho.2

Proceso judicial 

La vista del Caso Scala tuvo lugar en diciembre de 1980. Los abogados defensores (Loperena, Palmés, Krauel y Seguí) solicitaron que el ministro de gobernación, Rodolfo Martín Villa compareciese a declarar, pero no lo hizo. La posición de la defensa apuntaba hacia un montaje policial orquestado mediante confidentes infiltrados en el sindicato CNT con el objetivo de desacreditar tal sindicato ante los trabajadores y evitar así su progresión en Cataluña. La sentencia condenó a José Cuevas, Xavier Cañadas y Arturo Palma a 17 años de prisión como autores de un delito de homicidio involuntario y por fabricación de explosivos; Luis Muñoz fue condenado a dos años y seis meses por complicidad, y Rosa López, a 5 meses por encubrimiento. El recurso presentado por los abogados defensores fue desestimado por el Tribunal Supremo. 

Con el paso de los años se fue descubriendo el papel crucial y decisivo que desempeñó el confidente de la policía, Joaquín Gambín, el Grillo, también conocido como el Rubio o el Legionario, en este asunto. Fue él quien se infiltró en la CNT para dirigir el atentado. La presión de la prensa sobre la policía y la ausencia de Gambín en la vista del caso hicieron levantar sospechas sobre las verdaderas causas del atentado, provocando incluso desavenencias entre el Ministerio Fiscal y algunos miembros de la judicatura. Finalmente, a finales de 1981, Gambín fue detenido por la policía tras un tiroteo en Valencia. El Caso Scala volvía a abrirse.

La segunda vista del Caso Scala Barcelona, en diciembre de 1983, solo tuvo un acusado: Joaquín Gambín. La sentencia lo condenó a 7 años de prisión por acudir a la manifestación con armas y por preparación de explosivos. La CNT ha presentado siempre este asunto como una maniobra oscura del gobierno dirigida a frenar el ascenso del sindicato anarquista, que se resintió3 indudablemente de la repercusión social que tuvo el Caso Scala.

Resultaba evidente que la policía no buscaba nada ni a nadie —ya tenían a los culpables— se trataba simplemente de amedrentar a los cenetistas y de ahuyentar de la organización a miles de trabajadores afiliados que, si bien se identificaban con la línea sindical de los anarconsindicalistas, no estaban dispuestos a llegar demasiado lejos en su adhesión, ni mucho menos a desafiar una represión policial de aquella envergadura. La cosa no era de broma, las noticias de nuevas detenciones crearon un ambiente de inseguridad en gran parte de la afiliación. Por otra parte, la certeza de la implicación de la CNT en el atentado fue afianzándose en la opinión pública, lo que provocó un serio deterioro en la imagen de la organización y de los anarquistas por extensión. Si a esto añadimos las noticias de agresiones y asaltos por parte de grupos fascistas, que en aquellos días se incrementaron de forma muy considerable, podemos hacemos una imagen aproximada de la situación. Ser libertario en aquellos momentos se convirtió en algo bastante desagradable. Los medios de comunicación lo hicieron impopular, la policía y los grupos de la ultraderecha lo hicieron peligroso.

'Documental 4F. Ni olvido, ni perdón'

"El 4 de febrero de 2006 una fiesta en una casa ocupada de la calle Sant Pere Més Baix de Barcelona acaba con una pelea con la policía. Durante los disturbios, un agente de la guardia urbana es herido por el impacto de un objeto en la cabeza y termina en estado de coma. la versión oficial de los hechos, inmediatamente después del incidente, coincide con la de la mayoría de los testigos presentes: alguien tiró una maceta desde uno de los balcones de la casa que impactó en la cabeza del policía. Inexplicablemente, unas horas más tarde la policía cambia la historia, alegando que el agente, en realidad, había sido herido por una piedra lanzada en horizontal desde la calle. "Aquella madrugada hubo nueve detenidos en pleno caso antiguo. Rodrigo Lanza fue acusado de haber lanzado la piedra de la que no se encontró ninguna prueba, y condenado a cuatro años y medio de prisión. Patricia Heras fue condenada a tres años de prisión, y se suicidó el 26 de abril de 2011 en su casa durante un permiso penitenciario.

El 'Documental 4F. Ni olvido, ni perdón' ha sido posible gracias a una campaña de crowdfunding y desmonta la versión policial de los hechos con varios testimonios. Uno de los más contundentes es el de un joven que asegura que un conocido suyo le confesó que tiró la maceta que hirió al agente aquel 4 de febrero en la calle Sant Pere Més Baix. También se explica cómo dos de los agentes que participaron en las detenciones fueron expulsados ​​del cuerpo en 2011 y condenados a dos años de prisión por torturas graves a un estudiante de Trinidad y Tobago.

El estreno del documental se hizo el 8 de junio okupando un cine abandonado en Via Laietana, que fue rebautizado con el nombre 'Patricia Heras'. El domingo 9 de junio hay convocada una concentración a las 20h en Plaça Sant Jaume de Barcelona para denunciar el montaje policial del 4F.

Caso 4F, los policías responsables del montaje policial condenados por tortura y falsificación. Uno identificado.



La noticia lo dice todo. Se solicita colaboración ciudadana para desenmascarar a estos dos psicópatas de la Policía Local de Barcelona de los que se dispone del número de placa y su emplazamiento, Comisaría de Zona Franca, famosa por su brutalidad:

Con el cruce de los números de placa que aparecen en los expedientes judiciales del caso 4F y de la sentencia condenatoria por torturas graves a un ciudadano de Trinidad y Tobago hemos podido saber que los mismos agentes de la policía municipal de Barcelona son los protagonistas en ambos casos.En el caso 4F estos dos policías, con número de placa 24.751 y 24.738, fueron la pieza clave testimonial que llevó a la cárcel a Rodrigo Lanza, Patricia Heras, y otros dos jóvenes, así como la condena sin ingreso en prisión para otras 6 personas.Ese proceso no contaba con ninguna otra prueba documental que no fuera el testimonio de estos policías. Hora, seis años después, los mismos agentes han sido condenados por torturas graves a un joven estudiante afincado en Barcelona.En el redactado de la sentencia de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona en la que hemos tenido acceso se detalla que los agentes además de protagonizar gravísimos maltratos durante el traslado y sobre todo en el interior de la comisaría de la Zona Franca , falsificaron documentos, inventaron falsas acusaciones y generaron una falsa coartada para explicar las heridas del joven torturado.Cabe recordar que los procesados por el caso 4F también habían denunciado torturas durante la detención, pero en ese caso el tribunal creyó la versión de los policías y archivó las denuncias. La Directa 19/10/2011.


En fin:
En españa, al igual que en cualquier parte del mundo, la tortura está institucionalizada.
La denuncia a los recursos judiciales no sirve de nada, si acaso para formar parte de alguna estadística.
Psicópatas analfabetos son contratados por el estado para su defensa.

Intento de asesinato a Antonio Cubillo, lider independentista canario



El 5 de abril de 1978 se cometió un frustrado intento de asesinar al organizador del grupo armado canario MPAIAC, Antonio Cubillo, por agentes de los servicios policiales 

españoles. El intento de asesinato se produjo tras una reunión secreta en febrero de ese año en Trípoli, la capital de Libia, de un Comité de Liberación ad hoc de la extintaOrganización para la Unidad Africana (OUA) dirigido por Argelia, que pretendía enviar una Comisión al Archipiélago Canario para supervisar su «descolonización».

Antecedentes [editar]

Entre el 13 y el 18 de febrero de 1978, se reunió en Trípoli un denominado Comité de Liberación de la OUA, cuya composición se desconoce por no existir actas de las reuniones, que tenían carácter secreto.1 2 El Comité, según un militar de alto rango de Tanzania, había decidido apoyar al MPAIAC (cuyo dirigente, Antonio Cubillo, ya recibía una paga del Gobierno argelino), y enviar una comisión formada por Libia, Senegal, Nigeria y Guinea, además de Argelia, para supervisar en Canarias un «proceso de descolonización». También habría acordado, todo ello a petición de Cubillo, elevar el asunto al entonces secretario general de la OUA, William Eteki, aunque el Consejo de Ministros de la OUA rechazó tratar el tema.3 Otra pretensión de Cubillo era que aquél le acompañara a Nueva York, y presentar una resolución favorable a la independencia del archipiélago ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.4

Dicho Comité respondía a los intereses específicos de Argelia, que pretendía con ello desviar la atención de sus problemas políticos y económicos.5 Dos días después de la reunión, Marruecos y Mauritania retiraron su apoyo al Comité, negando además que Canarias fuera territorio africano, como se pretendía en la reunión. Los marroquíes añadieron, además, acerca del gobierno argelino, que "es curioso que hayan esperado la llegada de Cubillo a Argel para descubrir un pueblo guanche y un colonialismo nuevo". El Ministro de Exteriores mauritano, por su parte, afirmó que "Cubillo es un aventurero que sirve a su ambición personal y a los intereses de naciones extrañas".1

Por su parte, el Congreso de los Diputados de España, en sesión del 14 de febrero de 1978, con un voto en contra y a propuesta de todos los grupos parlamentarios, calificó el acuerdo de la reunión de Trípoli como una"intervención injustificable en los asuntos internos de España".6 los partidos de todo el arco parlamentario protestaron por la injerencia y solicitaron la planificación de la defensa militar de las Canarias. Juan de Borbón, padre de Juan Carlos I, había viajado previamente a Libia para conseguir que el coronel Gaddafi retirara el apoyo que Cubillo había obtenido del régimen de Trípoli.7

Según especulaba el diario Der Spiegel, el gobierno de la República Federal Alemana habría asignado al agente especial de la policía de Baja Sajonia, Werner Mauss, a Las Palmas de Gran Canaria, para obtener información del MPAIAC. Con dicha información se habría dirigido a Argel para infiltrarse en la organización armada, aunque habría sido rechazado. Aun así, habría permanecido en la ciudad planeando el asesinato.8

El atentado [editar]

José Luis Espinosa Pardo, antiguo infiltrado del SECED en el PCE(r) y en el FRAP, que anteriormente se había ofrecido a apoyar a Cubillo, contrató a los mercenarios Juan Antonio Alfonso González y José Luis Cortés para que lllevaran a cabo el asesinato.9 10 Ambos se trasladaron a Argel la mañana del 5 de abril de 1978. Los dos hombres esperaban frente al ascensor de la residencia de Cubillo en la Avenida de Pekín de dicha ciudad. Al llegar, frente al ascensor, éste es apuñalado por sorpresa dos veces, recibiendo heridas graves en la espalda y el abdomen. Los mercenarios, cuando se disponían a cortarle el cuello se vieron sorprendidos por la irrupción de un funcionario argelino,11 por lo que se vieron obligados a huir. Antonio Cubillo tuvo que usar muletas tras el atentado.12

Según cuenta Cubillo en entrevistas posteriores, fue al hospital por sus propios medios gracias a que no había ningún coche en las calles debido a un importante partido de fútbol, por lo que llegó a tiempo. También relata que el entonces presidente argelino, Houari Boumédiène, se preocupó personalmente del asunto y mandó a detener sin otro motivo a todos los españoles que había en la capital, les retuvo los pasaportes y así fue como Cubillo reconoció a sus agresores. Llegaron a la conclusión de que eran españoles porque "si no le han insultado mientras le apuñalaban es que no eran argelinos".13 Cubillo, una vez que regresó a Madrid, culparía de la operación al ministro Martín Villa14

Consecuencias [editar]

El Gobierno de Argelia ocultó el ataque a su protegido durante varios días,15 aunque los autores del atentado fueron apresados el mismo 5 de abril y condenados a muerte por Boumédiène, aunque indultados siete años más tarde. Éstos a su vez declararon tras su liberación que trabajaban para José Luis Espinosa, encontrándose éste en paradero desconocido. Pero el 22 de octubre de 1988, Espinosa es capturado por las fuerzas policiales españolas y trasladado a la prisión provisional de Carabanchel bajo órdenes de la Audiencia Nacional.16 El asunto salpicó también a las autoridades y los servicios secretos de la Baja Sajonia por la participación del agente Werner Mauss.17 18

En el año 2003, la Audiencia Nacional aprobó una indemnización de 150.203,03 € por la acción terrorista.4 19

Cultura popular [editar]

Un año después de los hechos acaecidos, Jordi Sierra i Fabra publica la novela En Canarias se ha puesto el Sol. Dicha novela trata de una hipotética ola de atentados del MPAIAC, incluyendo el secuestro en Barcelona de un tren cargado de plutonio y una matanza en el Estadio Santiago Bernabéu con varios miles de muertos, seguidos de la invasión de Canarias por parte de submarinos argelinos. Se menciona el atentado sufrido por Cubillo,[cita requerida] salvo que en la ficción éste muere, sirviendo de pretexto para la invasión.

Wikipedia: 

Exigimos el cierre de los CIES por ser guantánamos españoles



Comunicado de la Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas (PDLD)

Hemos sabido que Samba Martine, congoleña de 34 años con estancia irregular en España, y portadora de SIDA, fue víctima de la descoordinación existente entre el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, de donde procedía y el CIE de Aluche (Madrid),a donde llegó.

Dicha descoordinación le costó a Samba Martine una muerte innecesariamente dolorosa en la agonía que le provocó su enfermedad, ya muy avanzada. No fue el ya destruido y casi privatizado Sistema Nacional de Salud español el culpable de una muerte el 19 de Diciembre de 2011 sin cuidados paliativos ni hubo negligencia médica.

Simplemente, Samba Martín sufrió unos dolores inhumanos en su agonía porque el uno y otro centros de internamiento (prisiones con otro nombre para extranjeros sin papeles) no estaban coordinados. Y lo que conocía el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla respecto a la situación cuasi terminal de la enfermedad de SIDA de Samba era desconocido por el CIE madrileño.

Samba fue asistida por un prurito perianal, tos, dolor torácico, síntomas gripales y fuertes y persistentes dolores de cabeza, entre otros padecimientos pero el CIE de Aluche desconocía su enfermedad porque el CETI de Melilla no se la comunicó. La muerte de Samba puedo haber sido menos agónica. o incluso pudo haberse evitado, y más humana pero no existen protocolos médicos entre los CIES españoles porque en ellos la dignidad de la persona y el respeto a la vida humana se queda a sus puertas.

Los CIE españoles, y de un modo particular el de Aluche, en Madrid, son como cárceles pero más inhumanos.

Lugares sucios, sin espacios comunes, ni inodoros en las celdas, con personas hacinadas y tiradas en el suelo sobre mantas o sacos de dormir, donde conviven el delincuente con el simple inmigrante sin papeles, con servicios médicos saturados pero en los que faltan estancias de enfermería para aislar a un paciente que lo necesite, con jergones indecentes, malolientes y sucios sobre los que dormir es un acto de abandono de uno mismo. La falta de higiene y el frío son ambientes comunes a los que los internos deben acostumbrarse.

No, en los CIES españoles no hay presos. Hay personas que tienen muchos menos derechos a la dignidad y el respeto que los presos, simplemente porque no tienen papeles.

En esos lugares uno puede permanecer supuestamente no más de 60 días, aunque pueden llegar a ser muchos más, aislado del mundo, en muchos casos sin posibilidad de asistencia letrada ni acceso a ONGs de solidaridad que puedan velar por sus derechos.

Han sido múltiples las denuncias de asociaciones de derechos humanos y de solidaridad con los inmigrantes que han denunciado en dichos centros palizas a internos, violaciones de internas, malos tratos y suicidios derivados de las condiciones de hacinamiento en los mismos.

En uno de ellos, el de Aluche, por el que pasan más de 3000 personas al año, durante 2012 al menos 11 de los extranjeros que fueron recluidos para asegurar su expulsión, tenían descendencia española. Éste es un procedimiento completamente irregular según la legislación española.

Se ignora, a la hora de internarlas, las especiales circunstancias de cada una de estas personas, hasta el punto de que algunas de ellas pueden estar siendo presionadas para entrar en las redes de trata de blancas o ser personas que han iniciado el proceso de petición de asilo.

Estos lugares son un limbo jurídico desde el que un extranjero detenido por presuntos delitos (pueden ser infracciones menores) es expulsado sin existir sentencia firme que acredite su culpabilidad.

¡CIERRE DE LOS CIES YA!

El desaparecido 'Informe Navajas'

Nota del blogger: He corregido el título ante las crecientes preguntas de algunos lectores de sí podía subir el informe Navajas integro. Lamentablemente, no puede ser, no tengo los archivos. Yo puse los enlaces pero son de una fuente externa. En todo caso, el informe Navajas existe.


(07/10/04) 

Es conocida la afición del ex presidente de la República italiana a pisar charcos, sobre todo los que tienen que ver con España y el terrorismo etarra. Pero esta vezFrancesco Cossiga ha dado un paso al frente y levantado una auténtica polvareda, precisamente desde Bilbao, con unas declaraciones sobre la excarcelación del ex general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo. 

Cossiga ha dicho que con la puesta en libertad de Galindo, José Luis Rodríguez Zapatero no piensa renunciar a lo que le parece un 'mérito' del anterior Gobierno socialista, que es "el uso del terrorismo de Estado". Según Consiga, con las últimas detenciones de etarras -Mikel Antza y su compañera Anboto-, Zapatero pretende que"se olvide un acto indecoroso, que ni siquiera Aznar se atrevió a plantear, como es la puesta en libertad de un vulgar asesino, que es más asesino todavía en cuanto que es un general de la Guardia Civil que estaba en la cárcel por torturas, asesinato y por haber inventado un método traicionero de difusión calculada de la droga en el País Vasco" (sic). 

Lo curioso de todo esto es que Cossiga hacía referencia a un documento, el llamado'Informe Navajas', que no sólo es -supuestamente- secreto, sino que, además, consta como 'desaparecido'. El famoso informe, elaborado en 1989 por el entonces fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, Luis Navajas, relacionaba a una decena de mandos de la Guardia Civil de Guipúzcoa con el narcotráfico. Entre los investigados se encontraba el entonces teniente coronel Rodríguez Galindo. 

Muy significativo en este caso es que, de enero de 1994 hasta enero de 1995, fueron asesinados por ETA cuatro personas que amenazaba con destapar al trama del narcotráfico en el País Vasco (parte de la trama del 'Informe Navaja'): José Antonio Santamaría, José María Olarte, "Plomos" (después de destapar El País que era un importante confidente de la policía en casos de narcotráfico), Alfonso Morcillo, responsable de la Brigada de Investigación de narcotráfico de la Guardia Municipal de San Sebastián, y el concejal del PP Gregorio Ordóñez, quien había confesado unas horas antes a la periodista Carmen Gurruchaga que estaba investigando datos de enorme trascendencia sobre el 'Informe Navajas' y la implicación de varios miembros de la Policía Municipal donostiarra con Intxaurrondo. 

El informe llegó a la Fiscalía General del Estado, pero inexplicablemente se perdió. Con la 'percha' informativa de las declaraciones de Cossiga, les ofrecemos íntegro en dos pdf el famoso informe, al que pueden acceder en las siguientes direcciones web: