Observatorio de denuncias de torturas, abusos, coacciones, casos de corrupción, violaciones, asesinatos y otros crímenes cometidos por el sistema.
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miércoles, 25 de junio de 2014

La Audiencia condena a diez años de cárcel a cuatro guardias civiles por torturar a dos detenidos

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha condenado a cuatro guardias civiles a un total de diez años de cárcel por infringir torturas a dos detenidos de nacionalidad extranjera mientras éstos se encontraban arrestados en los calabozos del cuartel de Palmanova, en Calvià (Mallorca). Los hechos tuvieron lugar en noviembre de 2009.


En concreto, a uno de los agentes le ha sido impuesta una pena de cuatro años de prisión por dos delitos consumados de torturas graves y 16 años de inhabilitación absoluta, además de una multa por dos faltas de lesiones. En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar a una de las víctimas con 2.455 euros por las lesiones sufridas.

Los otros efectivos del Instituto Armado han sido condenados a dos años de cárcel cada uno por un delito consumado de torturas, así como ocho años de inhabilitación y una multa por una falta de lesiones.

Por otra parte, la sentencia de la Sección Segunda cuenta con un voto particular de uno de los magistrados que formaron la Sala, en el que el miembro del tribunal manifiesta sus dudas respecto a la culpabilidad de los acusados.

Durante el juicio celebrado por estos hechos, los cuatro acusados negaron este episodio, que tuvo lugar después de que en la madrugada de ese día el sargento Miguel Ángel A.L. tuviera un incidente con un ciudadano inglés -una de las dos víctimas-, en el transcurso del cual éste le dio un golpe en la cara y provocó que el agente cayera al suelo y quedase semiaturdido. Un suceso que se saldó con la detención del inglés y un amigo de éste -el otro de los afectados-.

Tras ello, los procesados, de común acuerdo y movidos por la intención de reprender y escarmentar a los dos arrestados por la agresión al sargento, durante la tarde de esa jornada accedieron repetidas veces a los calabozos donde habían sido conducidos los detenidos, a quienes propinaron golpes por todo el cuerpo, amedrentándoles y mofándose de ellos y menoscabando gravemente su integridad física y mental.

domingo, 3 de noviembre de 2013

Encontramos al torturador: hablan las víctimas del excapitán Muñecas

El excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas, condenado por el golpe de Estado del 23-F e imputado por una jueza argentina por torturas a militantes antifranquistas, está pendiente de que el juez Pablo Ruz ordene su detención, cuando se decida a cumplir la orden de Interpol que obliga a España a la búsqueda y captura del exmilitar y a entregarlo a la Justicia argentina. Interviú lo ha localizado. Él se defiende y sus víctimas relatan las torturas.

El porte elegante de jinete y los ojos fríos y claros. Alto, adusto, imponente. Así lo recuerdan las víctimas y así sigue siendo Jesús Muñecas Aguilar (Zaragoza, 1939), excapitán de la Guardia Civil, que participó en el golpe del 23-F. La orden de Interpol instando a su detención –para que posteriormente sea extraditado a Argentina, donde la jueza María Servini instruye una querella por crímenes del franquismo– la guarda el juez Pablo Ruz en un cajón de su despacho. El magistrado español le ha pedido a la jueza argentina que aporte más datos sobre los delitos que les imputa a Muñecas y al excomisario Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. En ambos casos se trata de delitos de torturas a militantes antifranquistas. Ruz espera la llegada del nuevo auto, pero la orden de Interpol es ya efectiva fuera de España.

Interviú ha localizado a Jesús Muñecas, que se une a 'Billy El Niño' en la lista de presuntos torturadores durante la dictadura franquista. El excapitán clama por su inocencia, pero los testimonios de víctimas y familiares de éstas afirman todo lo contrario. Si quieres conocer una de las historias más negras de la represión franquista, descarga el número de la revista en PDF.

domingo, 16 de junio de 2013

El Tribunal de Estraburgo condena a España a indemnizar al lider de la izquierda abertzale Arnalddo Otegi por violar su libertad de expresión

La sentencia, hecha pública por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, condena a España al pago de 20.000 euros por daños morales.

Otegi fue condenado a un año de prisión por un delito de injurias al Rey por calificarlo en 2003 como "responsable de los torturadores".

Estrasburgo considera que se debe permitir un debate libre sobre las posibles responsabilidades institucionales del Rey.

Arnaldo Otegi


"Una pena de prisión impuesta por una infracción cometida en el terreno del discurso político no es compatible con la libertad de expresión garantizada por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos", asegura la sentencia.

Nada puede justificar la imposición de tal pena de prisiónPara la sala Tercera del Tribunal de Estrasburgo, "en el contexto de un debate sobre una cuestión con un interés público legítimo, nada puede justificar la imposición de tal pena de prisión".

La sentencia afirma que "el hecho de que el Rey no sea responsable penalmente, según la Constitución, no impide por sí mismo un debate libre sobre sus posibles responsabilidades institucionales, e incluso simbólicas, a la cabeza del Estado".

20.000 euros de indemnización

En concreto, se condena a España a pagar a Otegi 20.000 euros por daños morales y los 3.000 euros que cuestan las costas del procedimiento.

Esta condena contra Otegi fue dictada por el Tribunal Supremo y posteriormente avalada por el Tribunal Constitucional, que rechazó el recurso de amparo presentado por su defensa.

España deberá indemnizar a Otegi por los daños morales que le haya podido ocasionarSegún el Constitucional las afirmaciones del líder de la organización ilegalizada superaban de manera "patente" por su notorio "carácter infame" el nivel de lo lícito. Estrasburgo entiende sin embargo que se ha vulnerado el derecho de Otegi a expresarse libremente.

"Responsable de los torturadores"

El 26 de febrero de 2003 Otegi aseguraba que el Rey "es el jefe supremo del Ejército español, es decir, el responsable de los torturadores y quien protege la tortura e impone su régimen monárquico a nuestro pueblo gracias a la tortura y a la violencia". 

La declaración la hizo en una rueda de prensa, en su condición de portavoz del Grupo Sozialista Aberzaleak en el Parlamento Vasco, el mismo día que el Rey Juan Carlos inauguró una central eléctrica en Vizcaya, junto al entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe. 

Tras la querella de la fiscalía, Otegi dijo que sus palabras eran "una constatación de la realidad política del Estado" y que no había intención injuriosa contra la Guardia Civil que, días atrás, "había torturado a los detenidos por el cierre del diario Egunkaria". 

Otegi considera que sus palabras eran "una constatación de la realidad política del Estado"El TSJ del País Vasco sentenció que Otegi no era culpable porque "la crítica de una institución constitucional estáamparada por el derecho a la libertad de expresión", aunque las manifestaciones eran "claramente ofensivas, impropias, injustas y ajenas a la realidad". 

El Ministerio Fiscal recurrió y el Tribunal Supremo condenó a Otegi a un año de prisión como "autor de un delito de injurias graves al Rey", en una sentencia de 26 de octubre de 2005. 

El Tribunal Constitucional no admitió el recurso de amparo presentado por Otegi y señaló que sus palabras atribuían al jefe del Estado "una de las manifestaciones delictivas más gravesen un Estado de derecho". Por este motibo Otegi presentó su demanda en Estrasburgo en enero de 2007.