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miércoles, 25 de junio de 2014

La víctima de la agresión sexual grabada por el guardia civil no se opuso al indulto

  • El agente tenía 23 años en el momento de la agresión

  • La víctima, una mujer de 60 años, no se opuso al indulto del agente para evitar que perdiera su puesto de trabajo en la Guardia Civil

  • El Gobierno dice que no sabía que el padre del indultado era concejal del PP, que había hecho campaña pública a favor de su hijo

La víctima de la agresión sexual que fue grabada por un guardia civil en Asturias es una mujer que ronda los sesenta años, informaron a eldiario.es fuentes de su entorno. Él tenía 23 años en el momento de los hechos. Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Gijón, el guardia viajaba en un tren en compañía de un amigo cuando éste se sentó al lado de la víctima y comenzó a decirle: "Sabes tía, me das morbo, métotela por el culo y sácotela por la boca no la viste más dura en tu vida, póngote mirando a Cuenca". Además, según la sentencia, le "metió la mano entre las piernas tocándole la zona del pubis por encima del pantalón". Mientras, el guardia civil grababa la escena con su teléfono móvil y se reía. El agresor y el guardia civil huyeron en dos ocasiones de los agentes que se personaron en el lugar de los hechos.

A pesar de la agresión y de la omisión de auxilio por la que el agente ha sido condenado, la mujer decidió no oponerse cuando fue preguntada sobre el posible indulto. Según fuentes de su entorno, lo hizo para que el guardia civil no perdiera su puesto de trabajo tal y como correspondía a la condena inicial.

Para la concesión del indulto, el Ministerio de Justicia consultó a la fiscalía, la víctima y al tribunal sentenciador, como hace con el resto de peticiones. Una vez que los dos primeros utilizaron la fórmula de no oponerse -se podían mostrar también a favor o en contra-, la Sala se posicionó de la misma forma, informaron fuentes jurídicas.

El guardia civil fue condenado por omisión del deber de perseguir delitos en su condición de funcionario público, la cual perdería como consecuencia del fallo. Su amigo fue condenado por agresión sexual. El fallo contra ambos fue confirmado por el Tribunal Supremo. Las fuentes del entorno de la mujer destacan entre los motivos de su decisión que el autor de la agresión no era el guardia y que seguía siendo castigado con una multa de 500 euros.

Engaños en la recogida de firmas

La familia del guardia civil comenzó una campaña de recogida de firmas en su localidad de origen, Pola de Lena, y otros puntos de Asturias para pedir al Ministerio de Justicia el indulto. Algunos de los que firmaron ahora se sienten engañados. Uno de ellos es el propio alcalde de la localidad, Ramón Argüelles, quien declaró este lunes a La Sexta que la versión que la familia del guardia ofrecía a los que pedía su firma "no tenía nada que ver" con los hechos probados de la sentencia conocidos ahora.

El padre del guardia civil, José Manuel Arbesú, es concejal del Partido Popular en ese municipio. Fuentes del Ministerio de Justicia aseguran que desconocían la condición del padre del solicitante de indulto cuando éste le fue concedido.

miércoles, 12 de junio de 2013

Los jueces reprochan al Gobierno del PP el indulto a cuatro mossos para evitar que vayan a la cárcel

Los jueces reprochan al Gobierno del PP el indulto a cuatro mossos para evitar que vayan a la cárcel

Doscientos jueces de toda España han reprochado al Gobierno en un manifiesto el indulto concedido a cuatro Mossos d'Esquadra condenados por torturas, para evitar su ingreso en prisión, por considerarlo un "fraude" y un "abuso" de la facultad de indulto, que "supone una afrenta al Poder Judicial".

Estos cuatro mossos d'Esquadra fueron indultados por segunda vez en el último Consejo de Ministros después de haberles concedido en febrero pasado un primer indulto parcial por el quese les conmutaban las distintas penas de prisión por una única de dos años de cárcel para cada uno de ellos.

Conceder un indulto en estas circunstancias supone realizar un uso grosero y desviado de la instituciónTras ese primer indulto, la Audiencia Provincial de Barcelonase negó sin embargo a concederles la suspensión de la pena de dos años de cárcel y por tanto debían entrar en prisión, por lo que los cuatro condenados por torturas a un ciudadano rumano solicitaron al Gobierno un nuevo indulto para eludir la cárcel, que el pasado viernes les fue concedido conmutando la pena de prisión por dos años de multa.

Para estos doscientos jueces, entre los que destacan la vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Robles y el magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez García, "conceder un indulto en estas circunstancias supone realizar un uso grosero y desviado de la institución".

"Al instrumentalizar el indulto para la consecución de fines ajenos a los que lo justifican, el Gobierno dinamita la división de Poderes y usurpa el papel del Poder Judicial, trasladando a la judicatura un mensaje inequívoco de desprecio al situarla en una posición subordinada en el orden constitucional", critican.

En el manifiesto, titulado El indulto como fraude. En defensa de la independencia judicial y de la dignidad, estos jueces defienden que la Audiencia de Barcelona, "en estricta aplicación de lo previsto en el Código Penal", acordara el cumplimiento de la pena que quedaba tras el primer indulto. Por ello creen que se trata de "un ejercicio abusivo por el Poder Ejecutivo de la facultad de indulto alejada de las funciones de esta institución, que supone una afrenta al Poder Judicial", destaca el documento.

El indulto parece incentivar comportamientos que deben ser expulsados de cualquier cuerpo policialA su juicio, la actuación del Gobierno en este caso supone"un menosprecio" a los miles de agentes de policía que en todo el Estado "cumplen a diario con sus funciones democráticas", de "defender y promover los derechos fundamentales de la ciudadanía", por lo que este indulto "parece incentivar comportamientos que deben ser expulsados de cualquier cuerpo policial". Además, "supone una actuación contra la dignidad humana al incumplir la obligación que incumbe al Estado de perseguir cualquier acto de tortura, sobre todo cuando es realizado por agentes a su servicio".

Recuerdan por ello que el indulto "implica afirmar la falta de necesidad de la ejecución de la pena y sólo se justifica cuando su cumplimiento "no desempeñe finalidad preventiva, resocializadora o retributiva alguna, o cuando resulte desproporcionada". Por tanto, creen que no existe "motivo razonable alguno para un doble indulto como el que el Gobierno ha concedido", ya que "los hechos declarados probados son muy graves y contrarios a la dignidad humana".

Este caso de torturas ocurrió en julio de 2006, cuando cinco mossos d'esquadra detuvieron por error a un ciudadano rumano en Barcelona, le golpearon por todo el cuerpo, le amenazaron y le llegaron a meter una pistola en la boca para hacerle confesar. La Audiencia de Barcelona condenó en 2008 a tres de los agentes a seis años y siete meses de prisión a tres de los agentes, a otro a dos años y tres meses, y al quinto a seis meses de cárcel.

El Supremo rebajó en 2009 en un año y diez meses la condena a los tres principales acusados y posteriormente el Gobierno concedió a cuatro mossos un indulto parcial que redujo la pena a dos años de cárcel, lo que abría la puerta a que se libraran de entrar en prisión. Sin embargo, la Audiencia de Barcelona se negó a suspenderles la pena de prisión y pidieron el segundo indulto, que les fue otorgado la semana pasada.